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Comenzó a funcionar el nuevo sistema informático de la Fiscalía General de la Nación

07 de Septiembre del 2017


El módulo “No Acusatorio” del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (SIPPAU) comenzó a funcionar el 6 de setiembre en las sedes de Fiscalía General de la Nación (FGN) del interior del país.

El SIPPAU es una solución informática desarrollada por la FGN, con el apoyo de la OPP, a través de la Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV).

Este primer módulo “No Acusatorio” permite a los fiscales ingresar y gestionar digitalmente todas sus actuaciones.

Hasta el momento, las 33 sedes fiscales del interior del país trabajaban exclusivamente con expedientes en papel. Por eso, la implantación del SIPPAU significa tanto una mejora sustantiva en la eficiencia de la gestión como un gran avance en la calidad de los servicios que se prestan a la población del interior del país, equiparándolos a los brindados en Montevideo.

Además, proporcionará información valiosa sobre las actuaciones no penales a las recientemente creadas áreas de apoyo de la Fiscalía, como las Unidades de Género, Víctimas y Testigos y Análisis y Contexto.

Nuevo Código de Proceso Penal acusatorio, oral y público

SIPPAU es también la herramienta informática a través de la cual se concretará, a partir del 1° de noviembre, la implementación del nuevo Código de Proceso Penal acusatorio, oral y público.

Esta herramienta informática es fruto de la colaboración entre OPP y organismos públicos, a partir de la cual se construyen capacidades para un Estado inteligente y orientado a la ciudadanía.

El nuevo Código representa la principal innovación en materia procesal penal de los últimos 80 años, y es una herramienta fundamental para mejorar la administración de justicia y seguridad pública.

El mismo dispone que los procesos penales sean acusatorios y la investigación sea guiada por los fiscales, dando lugar a una serie de salidas abreviadas al proceso penal o a un juicio oral y público.

Entre sus beneficios esperados se encuentran:

  • mayor efectividad en la persecución penal de delitos
  • reconocimiento del derecho de las víctimas a ser parte informada y activa del proceso
  • mayores garantías para todas las partes involucradas
  • mayor eficiencia en la administración de justicia, reduciendo plazos y costos de la resolución de conflictos penales.
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