Los contratos de Participación Público-Privada (PPP) son aquellos en los que una Administración Pública encarga a un privado el diseño, la financiación, la construcción y la operación de infraestructura.

De acuerdo a la ley Nº 18.786 que regula los contratos PPP, éstos pueden desarrollarse en los siguientes sectores:

• Obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias
• Infraestructura energética
• Obras de disposición y tratamiento de residuos
• Obras de infraestructura social (cárceles, centros de salud, de educación, viviendas de interés social, edificios públicos, entre otros)

En ningún caso, los contratos podrán incluir:

• Servicios Educativos
• Servicios Sanitarios
• Servicios de Rehabilitación y Seguridad de Reclusos

Principios y Orientaciones Generales:

1. Transparencia y publicidad
2. Protección del interés público
3. Eficiencia económica
4. Adecuada distribución de riesgos
5. Transferencia de la infraestructura al estado a la finalización del contrato
6. Ecuanimidad
7. Temporalidad
8. Responsabilidad fiscal
9. Control
10. Protección de desarrollo sustentable
11. Respeto a los derechos laborales y normas legales que lo regulan

Sólo podrán celebrarse Contratos de Participación Público-Privada cuando previamente se resuelva que otras modalidades alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas